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¿Qué es una colisión de baja intensidad? ¿Qué es un informe de biomecánica? ¿Es viable la demanda si emiten un informe biomecánico?

En muchas ocasiones las compañías aseguradoras remiten informes técnicos de biomecánica, con una serie de operaciones matemáticas que en conclusión vienen a referir al perjudicado que no se le reconoce la causalidad del daño y por ende no se le indemnizará, dichos informes se emiten cuando la compañía entiende que el accidente es una “colisión de baja intensidad” o colisiones muy livianas como para provocar lesiones al accidentado.

El informe de biomecánica se utiliza para acabar con el gran enemigo de los seguros, el latigazo cervical. Coinciden los expertos en que para que una persona sufra un latigazo cervical o una dolencia similar es necesario que se aplique sobre su zona cervical una fuerza de desplazamiento que haga que el cuello se mueva con brusquedad hacia detrás y hacia delante (de ahí lo de “latigazo”, por la trayectoria que describe el cuello de la víctima.

Sin embargo, el informe de biomecánica, viene a responder una pregunta general, a saber: ¿Qué fuerza de desplazamiento mínima es necesaria para que alguien sufra un latigazo cervical? Si se puede crear una cifra determinada por debajo de la cual se entendiera como imposible que los ocupantes de un coche sufrieran un desplazamiento, la cuestión se reduciría a analizar cada accidente de tráfico para determinar si la fuerza de desplazamiento supera o no esa barrera mínima.

Desvirtuar el informe biométrico como prueba:

Tras la reforma de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, las aseguradoras han sido las grandes beneficiadas, nadie tiene duda en este punto

Si los vehículos implicados sufren unos daños materiales inferiores entorno a unos 300 euros, el tramitador de la aseguradora responsable automáticamente su denomina el siniestro como “accidente de baja intensidad”. Es por ello que, si existe algún lesionado con daños cervicales remitirá al perjudicado una respuesta motivada rechazando las consecuencias del accidente. Ello imposibilitará que el accidentado pueda acudir a un médico forense y le obligará a contratar un perito médico o un despacho de abogados que cuente con uno.

Si el lesionado persiste e interpone una demanda, la aseguradora encargará un informe biomecánico a un despacho de ingenieros especializados en este tipo de asuntos. Uno de dichos ingenieros acudirá el día del juicio a intentar convencer al juez de que el impacto ha sido tan leve que es imposible que nadie haya podido salir lesionado.

La credibilidad que estos informes están obteniendo entre los jueces es bastante baja, salvo casos de colisiones muy leves que además coexistan con lesiones no demasiado acreditadas desde un punto de vista médico. No hemos de olvidar que, en opinión de los expertos, la fuerza del impacto es sólo una de las múltiples variables que pueden intervenir en la producción de un latigazo cervical.

No tenemos que olvidar que estos informes suelen estar cimentados sobre datos no objetivos, salvo que vengan reforzados por un informe de atestados, y es que los datos en que estos ingenieros se apoyan para llegar a sus conclusiones “científicas” suelen ser sólo suposiciones como, de facto suelen quitar los datos de las fotografías que los seguros les aportan, no siendo en absoluto exhaustivos.

Nuestra recomendación, consulten a un abogado experto en accidentes de tráfico, y sigan adelante con la demanda para que puedan prevalecer sus derechos.

Os adjuntamos el podcast en la cadena Ser, programa "la ventana" en la que interviene nuestra compañera, Iria Platero,  hablando sobre las consecuencias de la  huelga de Justicia en Galicia para los profesionales abogados y procuradores, así como los clientes.

¿TENGO DERECHO A PEDIR LA PENSIÓN DE VIUDEDAD, AUNQUE EN LA ACTUALIDAD ESTÉ DIVORCIADO? ¿TENGO QUE TENER RECONOCIDA LA PENSIÓN COMPENSATORIA PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE VIUDEDAD?

 Abrimos este post debido a la confusión que suscita este tema así y en el art. 174-2 de la L.G.S.S nos dice: "En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, reuniendo los requisitos en cada caso exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y ésta quedará extinguida a la muerte del causante. En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquélla se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última. En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho".

Esta disposición debe interpretarse a la vista de los dispuesto en el primer párrafo del artículo 97 del Código Civil que establece: "El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia".

De una interpretación lógico-sistemática de estos preceptos se deriva que en caso de separación o divorcio la pensión compensatoria del art. 97 del Código Civil sólo se reconoce al cónyuge al que la separación o el divorcio le produce un desequilibrio económico, un empeoramiento de la situación económica, que sea preciso compensar. endió que si el separado o divorciado que no percibía pensión  o divorciado del causante se condicionó por el legislador a que los mismos fueses perceptores de una pensión compensatoria que perdieran a raíz del óbito, esto es a que sufrieran un perjuicio económico necesitado de protección.

La Ley 26/2009, para paliar los efectos sorpresivos de la reforma introducida por la Ley 40/2007, adicionó a la L.G.S.S. una nueva disposición transitoria, la decimoctava que sería de aplicación al reconocimiento de las pensiones de viudedad en supuestos de separación o divorcio cuando el hecho causante se hubiese producido antes del año 2010. A los efectos que aquí interesan esa disposición establece: "El reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad no quedará condicionado a que la persona divorciada o separada judicialmente sea acreedora de la pensión compensatoria a que se refiere el segundo inciso del párrafo primero del apartado 2 del artículo 174 de esta Ley , cuando entre la fecha del divorcio o de la separación judicial y la fecha del fallecimiento del causante de la pensión de viudedad haya transcurrido un período de tiempo no superior a diez años, siempre que el vínculo matrimonial haya tenido una duración mínima de diez años". Así pues, debemos atender a la fecha de la separación legal o divorcio para comprobar que se haya producido antes del 2010 si así fuere y no hubiere pasado más de 10 años desde el hecho causante no necesitaremos tener reconocida la pensión compensatoria para solicitar la pensión de viudedad porque rige la Ley 26/2009, cuestión distinta será si el hecho se produce con posterioridad pues rige la Ley 40/2007 en este caso sí tendremos que tener reconocida la pensión compensatoria por convenio para poder obtener la pensión de viudedad.

Obviamente siempre recomendamos que consulten con un letrado para las posibles vías interpretativas puesto que la interpretación de la Ley siempre es flexible.

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Aquellas personas físicas y jurídicas que pretendan el pago de una deuda dineraria determinada líquida y exigible regulado en el 812 de la LEC y ss. Uno de los grandes éxitos de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido la aparición del llamado procedimiento monitorio, regulado en los artículos 812 a 818 de la citada Ley.

Se trata de un procedimiento previsto para reclamar cantidades de cualquier importe siempre que la deuda pueda ser acreditada mediante documentos.

Finalidad del procedimiento

 La finalidad de este procedimiento es la de favorecer medidas contra la morosidad en operaciones comerciales, resultando especialmente útil para los pequeños y medianos empresarios, así como para todos los profesionales que necesiten disponer de un mecanismo rápido y sencillo para el cobro de sus créditos. Asimismo, resulta muy práctico para el cobro a los propietarios morosos de sus deudas con la Comunidad de Propietarios.

 Procedimiento

Podrá acudir al procedimiento monitorio quien pretenda el pago de deuda dineraria, vencida y exigible de cualquier cuantía habiéndose eliminado en la última modificación de la LEC las anteriores limitaciones de cuantía para adaptar así el proceso al marco judicial europeo en materia de reclamaciones de cantidad.

Si acudes a la vía judicial en un juicio monitorio para reclamar una cantidad inferior a 2.000 euros, podrás acudir al juzgado sin abogado ni procurador. Pero cuando la cantidad reclamada sea superior sí se requerirá la asistencia de abogado y procurador, tanto en el caso de que la persona demandada se oponga al pago de la deuda, como cuando no abone la misma y sea necesario acudir al proceso de ejecución.

Uno de los principios en los que se basan los procesos judiciales es la igualdad de las partes. Por este motivo, si una de ellas acude con abogado sin que sea obligatorio, el juez podrá obligar a la otra parte a llevarlo. Sólo se podrá condenar a una de las partes a pagar las costas del juicio si en éste es obligatoria la asistencia del abogado.

El procedimiento comenzará cuando remitas tu petición al Juzgado, y en ella deberás expresar la identidad del deudor y tu domicilio y del deudor, o el lugar en que residan o puedan ser localizados, y el origen.

La cuantía de la deuda, deberás acompañar tu petición de la documentación y facturas que acrediten la deuda. Una vez presentada y admitida a trámite por el Juzgado, éste requerirá al deudor para que en el plazo de veinte días pague la deuda o se oponga a la misma.

 Finalización

Que el reclamado pague, con lo que se termina el proceso y se procede a su archivo.

Que el reclamado no pague ni explique por qué no lo hace, con lo que se dictará un auto de ejecución contra el mismo.

Que el reclamado se oponga, argumentando lo que estime oportuno, en cuyo caso será necesario acudir a un procedimiento declarativo (ordinario o verbal), que, con carácter general, necesitará la asistencia de abogado y procurador, salvo que la deuda reclamada sea menor de 2.000 euros.

 En todo caso siempre es aconsejable la asistencia letrada tanto en el procedimiento monitorio como en el juicio declarativo posterior si lo hubiese.