Platero Abogados, profesionalidad y experiencia a su alcance

Os adjuntamos el podcast en la cadena Ser, programa "la ventana" en la que interviene nuestra compañera, Iria Platero,  hablando sobre las consecuencias de la  huelga de Justicia en Galicia para los profesionales abogados y procuradores, así como los clientes.

¿TENGO DERECHO A PEDIR LA PENSIÓN DE VIUDEDAD, AUNQUE EN LA ACTUALIDAD ESTÉ DIVORCIADO? ¿TENGO QUE TENER RECONOCIDA LA PENSIÓN COMPENSATORIA PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE VIUDEDAD?

 Abrimos este post debido a la confusión que suscita este tema así y en el art. 174-2 de la L.G.S.S nos dice: "En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, reuniendo los requisitos en cada caso exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y ésta quedará extinguida a la muerte del causante. En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquélla se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última. En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho".

Esta disposición debe interpretarse a la vista de los dispuesto en el primer párrafo del artículo 97 del Código Civil que establece: "El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia".

De una interpretación lógico-sistemática de estos preceptos se deriva que en caso de separación o divorcio la pensión compensatoria del art. 97 del Código Civil sólo se reconoce al cónyuge al que la separación o el divorcio le produce un desequilibrio económico, un empeoramiento de la situación económica, que sea preciso compensar. endió que si el separado o divorciado que no percibía pensión  o divorciado del causante se condicionó por el legislador a que los mismos fueses perceptores de una pensión compensatoria que perdieran a raíz del óbito, esto es a que sufrieran un perjuicio económico necesitado de protección.

La Ley 26/2009, para paliar los efectos sorpresivos de la reforma introducida por la Ley 40/2007, adicionó a la L.G.S.S. una nueva disposición transitoria, la decimoctava que sería de aplicación al reconocimiento de las pensiones de viudedad en supuestos de separación o divorcio cuando el hecho causante se hubiese producido antes del año 2010. A los efectos que aquí interesan esa disposición establece: "El reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad no quedará condicionado a que la persona divorciada o separada judicialmente sea acreedora de la pensión compensatoria a que se refiere el segundo inciso del párrafo primero del apartado 2 del artículo 174 de esta Ley , cuando entre la fecha del divorcio o de la separación judicial y la fecha del fallecimiento del causante de la pensión de viudedad haya transcurrido un período de tiempo no superior a diez años, siempre que el vínculo matrimonial haya tenido una duración mínima de diez años". Así pues, debemos atender a la fecha de la separación legal o divorcio para comprobar que se haya producido antes del 2010 si así fuere y no hubiere pasado más de 10 años desde el hecho causante no necesitaremos tener reconocida la pensión compensatoria para solicitar la pensión de viudedad porque rige la Ley 26/2009, cuestión distinta será si el hecho se produce con posterioridad pues rige la Ley 40/2007 en este caso sí tendremos que tener reconocida la pensión compensatoria por convenio para poder obtener la pensión de viudedad.

Obviamente siempre recomendamos que consulten con un letrado para las posibles vías interpretativas puesto que la interpretación de la Ley siempre es flexible.

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Aquellas personas físicas y jurídicas que pretendan el pago de una deuda dineraria determinada líquida y exigible regulado en el 812 de la LEC y ss. Uno de los grandes éxitos de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido la aparición del llamado procedimiento monitorio, regulado en los artículos 812 a 818 de la citada Ley.

Se trata de un procedimiento previsto para reclamar cantidades de cualquier importe siempre que la deuda pueda ser acreditada mediante documentos.

Finalidad del procedimiento

 La finalidad de este procedimiento es la de favorecer medidas contra la morosidad en operaciones comerciales, resultando especialmente útil para los pequeños y medianos empresarios, así como para todos los profesionales que necesiten disponer de un mecanismo rápido y sencillo para el cobro de sus créditos. Asimismo, resulta muy práctico para el cobro a los propietarios morosos de sus deudas con la Comunidad de Propietarios.

 Procedimiento

Podrá acudir al procedimiento monitorio quien pretenda el pago de deuda dineraria, vencida y exigible de cualquier cuantía habiéndose eliminado en la última modificación de la LEC las anteriores limitaciones de cuantía para adaptar así el proceso al marco judicial europeo en materia de reclamaciones de cantidad.

Si acudes a la vía judicial en un juicio monitorio para reclamar una cantidad inferior a 2.000 euros, podrás acudir al juzgado sin abogado ni procurador. Pero cuando la cantidad reclamada sea superior sí se requerirá la asistencia de abogado y procurador, tanto en el caso de que la persona demandada se oponga al pago de la deuda, como cuando no abone la misma y sea necesario acudir al proceso de ejecución.

Uno de los principios en los que se basan los procesos judiciales es la igualdad de las partes. Por este motivo, si una de ellas acude con abogado sin que sea obligatorio, el juez podrá obligar a la otra parte a llevarlo. Sólo se podrá condenar a una de las partes a pagar las costas del juicio si en éste es obligatoria la asistencia del abogado.

El procedimiento comenzará cuando remitas tu petición al Juzgado, y en ella deberás expresar la identidad del deudor y tu domicilio y del deudor, o el lugar en que residan o puedan ser localizados, y el origen.

La cuantía de la deuda, deberás acompañar tu petición de la documentación y facturas que acrediten la deuda. Una vez presentada y admitida a trámite por el Juzgado, éste requerirá al deudor para que en el plazo de veinte días pague la deuda o se oponga a la misma.

 Finalización

Que el reclamado pague, con lo que se termina el proceso y se procede a su archivo.

Que el reclamado no pague ni explique por qué no lo hace, con lo que se dictará un auto de ejecución contra el mismo.

Que el reclamado se oponga, argumentando lo que estime oportuno, en cuyo caso será necesario acudir a un procedimiento declarativo (ordinario o verbal), que, con carácter general, necesitará la asistencia de abogado y procurador, salvo que la deuda reclamada sea menor de 2.000 euros.

 En todo caso siempre es aconsejable la asistencia letrada tanto en el procedimiento monitorio como en el juicio declarativo posterior si lo hubiese.

La legislación española permite dos modalidades de divorcio: contencioso y mutuo acuerdo.

En el divorcio de mutuo acuerdo o de uno de los cónyuges con el consentimiento del otro, las partes pactan  las condiciones que deben regir el divorcio y éstas se plasman en un Convenio Regulador, que debe ser aprobado por un Juez.

En contenido del Convenio Regulador será diferente según el tipo de unidad familiar, pero las cuestiones más habituales son: atribución del uso de la vivienda familiar, pensión de alimentos, pensión compensatoria, régimen de guardia y custodia de los hijos menores si los hubiera, régimen de visitas…

Este acuerdo deberá ser convalidado por el Juez y por el Ministerio Fiscal si hay hijos menores.

Las ventajas que presenta esta modalidad son múltiples: es un proceso más rápido, que permite disolver el vínculo en poco tiempo; en muchas ocasiones no requiere la celebración de la vista, lo que evita tener que declarar ante el Juez y el estrés que ello supone; se obtiene una resolución que es directamente ejecutable, si una de las partes incumple lo acordado, se puede acudir al Juzgado para exigir su cumplimiento; si las condiciones conforme a las que se pactó varían, por ejemplo, cuando los hijos alcancen la mayoría de edad, se puede modificar, pero el nuevo acuerdo debe ser, asimismo, convalidado ante el Juez; y finalmente, y no menos importante, es menos costoso. Por lo tanto, y en conclusión, el ahorro de tiempo y dinero en esta modalidad es muy reseñable.

En el divorcio contencioso, éste es solicitado unilateralmente por una de las partes frente a la otra. Hay que presentar una demanda ante el Juzgado con una propuesta para regular las relaciones tras la ruptura del vínculo matrimonial: vivienda, hijos, pensión de alimentos…, que se remitirá a la otra parte, quien contestará haciendo una contrapropuesta. Finalmente, se celebra una vista donde se exponen los argumentos de las dos partes, en la que intervendrá el Ministerio Fiscal si hay hijos menores de edad o incapaces afectados, y el Juez dictará una sentencia en equidad, acordando aquello que estime oportuno de lo propuesto por las dos partes y el ministerio público. Esta sentencia es igualmente ejecutable, si una de las partes no cumple lo fijado por el Juez, y se podrá recurrir si el resultado obtenido no es el deseado.

En ambos casos, además de romper el vínculo familiar, habrá que disolver el régimen económico matrimonial, si el matrimonio estaba casado en régimen de gananciales. 

En muchas ocasiones, un proceso de divorcio es doloroso y entran en juego sentimientos e intereses contrapuestos, que hacen pensar que alcanzar un acuerdo es imposible. Sin embargo, la labor del abogado es mediar para tratar de alcanzar una solución que satisfaga los intereses de todas las partes implicadas. Así, aunque un proceso de divorcio empiece de manera contenciosa, se puede transformar en un mutuo acuerdo a lo largo del proceso.

Es importante el asesoramiento de un profesional del derecho experto en derecho de familia antes de tomar ninguna decisión, aunque sea consensuada, pues, una vez que la misma esté rubricada, la modificación de la misma requerirá el inicio de un nuevo proceso denomina modificación de medidas definitivas.

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