El Consejo de Ministros aprobó un RD en octubre de 2020 acerca de las medidas de emergencia para abordar las vulnerabilidades sociales y económicas en los sectores de la vivienda y el transporte. La nueva normativa continuará hasta que finalice el estado de alarma, prohibiendo el corte de suministro de energía eléctrica, agua y gas natural a los consumidores que se consideren vulnerables o en riesgo de exclusión social.
En este RD se prohibían los cortes de suministro por impago de facturas durante el estado de alarmas para aquellos colectivos vulnerables.Además de la extensión de la prohibición de cortar los suministros básicos, también se extendió la suspensión de lanzamientos y expulsiones hasta el 31 de enero y hasta el 9 de mayo de 2021.
Sin embargo, algunas medidas como la congelación de los precios de las bombonas de butano o los costes regulados del propano no se extendieron, por lo que volverán a modificarse este febrero.
Prohibición de los cortes de suministro hasta el fin del estado de alarma
El Gobierno asegura que las regulaciones para prevenir la provisión de servicios de agua, electricidad y gas a grupos vulnerables son parte del objetivo de "reducir estructuralmente la pobreza energética". La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, dijo: “Garantizamos que mientras continúe el estado de alerta, los consumidores considerados vulnerables continuarán vertiendo agua, electricidad y gas natural en sus casas. De esta manera, completamente a gusto.
Los artículos 3 y 4 del Real Decreto N ° 897/2017, de 6 de octubre, definen consumidores vulnerables, personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad grave o en riesgo de exclusión social (que pueden beneficiarse de esta medida). Bonificaciones sociales y otras medidas de protección para los consumidores domésticos.
La prohibición de suspensión del suministro también se aplica a los consumidores que no pueden probar la propiedad del contrato de suministro o, por lo tanto, no pueden obtener la identidad de los consumidores vulnerables y no pueden proporcionar a la empresa proveedora servicios sociales calificados o certificados de responsabilidad. mediador.
Además, la norma también estipula que el período de vigencia de la medida no debe incluirse en el tiempo transcurrido entre la solicitud de pago y la suspensión del suministro. El Consejo de Ministros considera que debido a la proximidad del invierno, el invierno de mayor consumo energético del año y circunstancias especiales, existe una necesidad "urgente" de aprobar medidas "por razones necesarias". El suministro de agua, electricidad y gas se deriva de la crisis económica y sanitaria.
Además, recordemos que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha comprometido a proporcionar agua a todas las personas, especialmente a los consumidores desfavorecidos. La federación garantiza a través del municipio que no reducirá el consumo de agua por impago. Cualquier grupo desfavorecido.
A principios de noviembre, más de 3.000 organizaciones y movimientos sociales exigieron que el gobierno, como en la primera ola de pandemias, volviera a prohibir la reducción del suministro de agua, luz o gas a cualquier vivienda. Aunque Unidos Podemos accedió a ampliar esta medida, la medida se amplió en julio pero cesó en octubre.
A cambio, se han ampliado los lazos sociales de poder (es decir, se han reducido las facturas de la luz en al menos un 25%) para proteger a los consumidores afectados por la crisis del coronavirus, como ERTE o consumidores que han reducido la jornada laboral sin la entrada más rentable. .
